Las últimas declaraciones de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del líder de la CDU, Friedrich Merz, sobre el tema del ahorro y la inversión han levantado ampollas. Ambos piden que el ahorro privado de los ciudadanos se destine cada vez más a "inversiones", con incentivos supuestamente voluntarios. Sin embargo, lo que a primera vista suena inofensivo y económicamente beneficioso encierra riesgos considerables. ¿Es el principio de una confiscación progresiva del patrimonio privado?

La "Unión de Ahorro e Inversión", ¿un caballo de Troya?

Ursula von der Leyen anunció la introducción de una "Unión de Ahorro e Inversión" (UIA) para "convertir el ahorro privado en inversiones urgentemente necesarias". Esto plantea la pregunta: ¿quién define qué inversiones son "urgentemente necesarias"? Los ciudadanos ahorran por diversas razones: para su jubilación, para emergencias o para asegurarse un margen de maniobra financiero. Pero ahora parece que la Comisión Europea quiere intervenir y redirigir los flujos de capital.

Aunque von der Leyen subraya que la conversión es voluntaria, el pasado nos enseña que cuando los políticos tienen una palanca, a menudo no la utilizan en favor de los ciudadanos, sino para financiar sus propios proyectos. Lo que hoy se vende como un "incentivo", mañana podría estar vinculado a normativas legales, desventajas fiscales o incluso acceso directo.

Merz y las infraestructuras: ¿una propuesta inofensiva o la antesala de la expropiación?

Friedrich Merz lo expresó así en la conferencia del partido CSU: Alemania tendría que "movilizar" parte del gigantesco ahorro privado para invertir en las maltrechas infraestructuras. En concreto, habló de 2,8 billones de euros depositados en cuentas bancarias alemanas. Si sólo se invirtiera el 10% de esta cantidad de forma selectiva, podrían financiarse muchos proyectos.

Pero, ¿cómo se va a llevar a cabo exactamente esta "movilización"? En el mercado libre, mucha gente se muestra escéptica desde hace tiempo cuando se trata de productos financieros patrocinados por el Estado. Las promesas de la pensión Riester son un ejemplo admonitorio de cómo las inversiones supuestamente seguras se han convertido en una trampa de pérdidas para muchos. ¿Y si esta vez los políticos utilizan métodos menos "suaves"?

Posibles medidas coercitivas: ¿Cuál es la amenaza real para los ciudadanos?

Aunque en la actualidad los políticos siguen insistiendo en que todo es voluntario, cabe imaginar varios escenarios en los que la "reorientación" de los ahorros hacia inversiones podría convertirse en una expropiación progresiva:

1. Discriminación fiscal de los ahorradores
   Aquellos que simplemente dejen su dinero en sus cuentas pronto podrían ser penalizados con impuestos más altos o tipos de interés negativos para "incentivarles" a invertirlo en proyectos favorecidos por el gobierno.

2. Formas de inversión obligatorias para determinados ahorros
   Una posible variante sería que los ciudadanos tuvieran que invertir un determinado porcentaje de sus ahorros en fondos subvencionados por el Estado - similar a los planes de pensiones de empleo, sólo que esta vez sin libertad de elección.

3. Gravámenes especiales directos o gravámenes sobre los activos
   En tiempos de crisis, los países ya han aplicado en el pasado impuestos especiales sobre el ahorro (por ejemplo, en Italia en los años noventa). ¿Quién puede garantizar que esto no volverá a ocurrir?

4. Fondos de inversión controlados por el Estado con rendimientos cuestionables
   Se podría presionar a los ciudadanos para que inviertan su dinero en proyectos seleccionados según criterios políticos y no económicos. Un rendimiento bajo o incluso negativo sería entonces soportado por los contribuyentes, con sus propios ahorros.

5. Controles de capital
   En un caso extremo, podrían tomarse medidas para restringir la libre disposición de los ahorros - por ejemplo, limitando las retiradas de efectivo o las transferencias al extranjero.

Los ciudadanos pagan por los errores políticos

Aunque los políticos siempre insisten en que la reorientación del ahorro privado debe ser sólo un apoyo a las inversiones, se revela una verdad incómoda: décadas de mala gestión, deuda pública creciente y burocracia ineficaz han llevado a que los fondos públicos ya no sean suficientes. En lugar de asumir la responsabilidad de estos errores, ahora se utiliza el dinero de los ciudadanos.

En lugar de verdaderas reformas -como una administración más eficiente o evitar el despilfarro de miles de millones- se está preparando un sistema en el que los ahorradores son responsables de los errores de los políticos. La cuestión ya no es si los incentivos voluntarios se convertirán en coacción de facto, sino cuándo.

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Los planes actuales de von der Leyen y Merz son una señal de advertencia: la libertad financiera no es algo natural, sino que debe defenderse activamente.

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