
Expropiación por ley - Cómo la VVBG criminaliza a los ciudadanos y desmantela el Estado de Derecho
Un canto del cisne a la libertad, la propiedad y la presunción de inocencia
La llamada Ley de Prevención de Embargo de Bienes (VVBG ) no trata de luchar contra la delincuencia, sino de socavar los cimientos de nuestro Estado de Derecho. No por la puerta de atrás, sino abiertamente, con el aplauso de quienes consideran que la libertad no es más que un privilegio. Esta ley no es un "escudo protector contra los delincuentes", sino un instrumento para la criminalización sistemática de ciudadanos completamente normales.
Cualquiera que tenga bienes es sospechoso
El mensaje central de la VVBG: la posesión es sospechosa. La riqueza -incluso la adquirida honestamente- se pone bajo sospecha general. A partir de un valor patrimonial de 100.000 euros, puede dictarse en el futuro la llamada orden de declaración. Quien no demuestre el origen del dinero en el plazo de unos meses se enfrentará a embargo, confiscación y consecuencias legales.
Lo que debería ser completamente impensable en un Estado de Derecho es ahora la ley en blanco y negro: la carga de la prueba recae en el ciudadano. La presunción de inocencia queda abolida de facto.
La FCA: la nueva autoridad expropiatoria
Con el Centro de Investigación de Confiscación de Bienes (EZV ) se crea una nueva autoridad especial, con amplios derechos, vagos criterios de prueba y ningún control serio. No se requiere ninguna sospecha concreta, ningún procedimiento, ninguna condena. Basta con un "bien inexplicable" y el Estado actúa. Quien no se justifique a tiempo pierde sus bienes en caso de duda.
Esto no es luchar contra la delincuencia, es una máquina de expropiación legitimada por el Estado, en una inversión completa de la lógica del Estado de Derecho.
Arbitrariedad con sistema
El campo de acción de las autoridades es aterradoramente amplio. El término "ocultación de bienes" sigue siendo vago y los criterios para iniciar un procedimiento son flexibles. ¿Quién define lo que es verosímil? ¿Quién decide si un bien es "sospechoso"? ¿Quién comprueba si alguien es simplemente víctima de un error del sistema?
La verdad es que se ha evitado deliberadamente la claridad jurídica. Esto deja al Estado el poder de interpretación, y la incertidumbre a los ciudadanos.
No es "la mafia" la que se ve afectada - es USTED el afectado
La retórica pública vende la ley como un golpe contra los clanes, los oligarcas y el dinero de la droga. Pero esto es un engaño. Los afectados son:
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Autónomos que cobran en efectivo.
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Herederos cuyo patrimonio familiar tiene décadas de antigüedad.
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Inversores que invierten en criptodivisas o metales preciosos.
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Personas con bienes en el extranjero o regalos sin documentación completa.
La idea de que esta ley sólo afecta a "las personas adecuadas" es ingenua... o deliberadamente mendaz.
La libertad muere a trozos: la VVBG es un gran recorte
La VVBG forma parte de una cadena de intervenciones estatales que socavan cada vez más los derechos fundamentales. Límites de efectivo, registros patrimoniales, consultas automatizadas de cuentas, ataques al secreto bancario... nada de esto sirve a la causa de la justicia, sino a la del control total. Y ahora viene la coronación: la propiedad se convertirá en una deuda.
Quien compre una casa mañana tendrá que demostrar que no es "mala". Quien hoy posea un reloj valioso pronto podrá estar bajo vigilancia. El Estado de Derecho tal y como lo conocíamos no morirá en una revolución, sino en párrafos como éste.
Una ley sacada de una distopía, pero desgraciadamente real.
Hace diez años, esta ley habría sido ridiculizada en una novela distópica; hoy es una realidad. No crea justicia. Crea miedo, arbitrariedad y desconfianza. Crea un clima social en el que no se protege la propiedad, sino que se sospecha de ella. En el que los ciudadanos ya no tienen derechos, sino obligaciones hacia un Estado prepotente.
Conclusión: La VVBG es un atentado, no una ley
La VVBG no es un error bienintencionado. Es un ataque calculado contra los ciudadanos libres, su propiedad y sus derechos. Es la manifestación legal de un Estado que ya no confía en sus ciudadanos y que mantiene todas las puertas abiertas a la hora de embargar.
Quien no lo reconozca no ha comprendido la gravedad de la situación.